Tras el "no" del Senado
Campaña Nacional por el Aborto:
"Logramos la despenalización"
social y alcanzaremos la ley"
Adelanto de un comunicado que difundirá esta tarde la Campaña
Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito.
1 Aborto
La votación del Senado que rechazó por siete votos (38 a 31) la legalización del aborto impulsó una modificación en el hashtag#quesealey, creado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito. Ahora proponen #seráley, aludiendo a que el debate ya está instalado en la sociedad y a que alcanzar el objetivo "es cuestión de tiempo".
Las referentes de la Campaña estuvieron reunidas este viernes a la mañana redactando una declaración y los ejes de acción para mantener la demanda por el aborto en la agenda política.
Clarín accedió a los puntos más importantes de un texto que harán público esta tarde y que anticipa cómo seguirá "la lucha del pañuelo verde":
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito agradece el acompañamiento social y político sin fronteras ante el cierre del tratamiento del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Logramos tocar las puertas del Congreso, entrar, que se escuchen nuestras voces y argumentos y contagiar a nuestrxs representantes de una lucha que pertenece al movimiento de mujeres, lesbianas, travestis y trans y feminista; y eso es inédito e histórico. Porque disputamos, dialogando, la forma en que queremos que se hable sobre nosotrxs en las normas y las instituciones. Hemos marcado una época y cambiado con nuestro paso, la política nacional. Logramos la despenalización social y más temprano que tarde alcanzaremos la Ley.
No hay ganadores cuando las mujeres y personas gestantes de nuestro territorio siguen abortando en clandestinidad. La reflexión es profunda: ante la oportunidad de cambiar se ha elegido conservar el statu quo penal de 1921 y sostener una norma que discrimina porque condena a solo una parte de la población. Sin embargo, las mujeres y personas gestantes seguiremos abortando por más que lxs fundamentalistas del feto no quieran.
Desde ahora, cada muerta y cada presa por abortar será responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional y de lxs 38 senadoras y senadores, integrantes del Poder Legislativo, que se abstuvieron o votaron en contra de nuestro derecho a la vida, a la salud y al reconocimiento de nuestra dignidad. Rechazaron la demanda popular de aborto legal, seguro y gratuito en un proceso democrático de construcción legislativa en el que además ninguna propuesta alternativa a la problemática ha resultado.
Desde ahora contamos en cada acción con el apoyo de lxs millones de personas que se movilizaron el 13 y 14 de junio y el 8 de agosto de 2018 y que hicimos que en las calles el aborto ya sea Ley.
En octubre, en Chubut
Laura Solomé, quien participó en la redacción de la nueva declaración de la Campaña, detalló a Clarín los próximos pasos de la lucha: "Llamamos a seguir abrazadas en amorosos pañuelazos, en Argentina, en nuestra América y en el mundo. Llamamos a no votar candidatos/as que nos hayan negado o que se hayan posicionado contra nuestro derecho a decidir, a la vez que instamos a cada partido político a que incluya en su plataforma electoral, rumbo a las elecciones de 2019, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo".
Además, Solomé confirmó que el próximo encuentro masivo entre referentes verdes será en octubre, en el Encuentro Nacional de Mujeres en Chubut. "Para debatir y crear más estrategias", aseguró.
Por 38 votos en contra y 31 a favor los senadores rechazaron el proyecto de aborto legal que los diputados habían aprobado el 14 de junio. El presidente Mauricio Macri había anunciado su disposición a promulgar la ley en caso de que fuera aprobada, pese a los pedidos de la Iglesia católica y de algunos grupos de médicos para que la vetara.
Acciones de las militantes aparte, el aborto seguirá en la agenda política desde el proyecto de reforma del Código Penal, que contemplará la despenalización para las mujeres que aborten. Según el código vigente, pueden recibir hasta cuatro años de prisión.
El Ejecutivo lo enviará el 21 de agosto a la Cámara Alta como una vía intermedia entre las posturas verde y celeste
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