Lesa Humanidad...???

ALEGATO FRENTE AL OPROBIO

El contexto

El presente alegato lo escribo desde mi rol de dirigente político acreditado por doce años de participación en dicha actividad, durante los cuales contribuí a la creación del partido Nueva Unión Ciudadana, con personería en la provincia de Buenos Aires y fui cuatro veces candidato a Diputado Nacional y una vez candidato a Diputado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por distintas fuerzas y alianzas. Me mueve a hacerlo una situación que considero oprobiosa, como es la flagrante y sistemática violación de los derechos humanos que sufren los militares imputados por delitos denominados de “lesa humanidad” que es ignorada por la justicia, los medios y las organizaciones públicas y privadas que deberían velar por evitar este tipo de agravios. Aspiro a que quede constancia histórica de que al menos un dirigente político se apartó de la mordaza que impone el temor a exceder lo políticamente correcto y aunque detento la condición de militar retirado eso no quitará a mi testimonio el valor de provenir de un miembro de la dirigencia política nacional.

Hace algunos años, cuando se comenzó a mencionar la posibilidad de declarar inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, consulté la opinión de un prestigioso jurista quien me aseguró que dichas leyes estaban ratificadas por numerosos fallos de la Corte Suprema de Justicia y que, en todo caso, aunque se consumara un hecho como el planteado, no tendría validez práctica pues desde el punto de vista del derecho las leyes no pueden modificarse ni aplicarse en forma retroactiva, ni se pueden vulnerar derechos adquiridos ni se puede volver a juzgar a quien haya sido previamente juzgado o indultado. El tiempo me demostró que mi ilustrado interlocutor conocía profundamente las cuestiones jurídicas pero no podía anticipar la forma desmesurada y descarada con que la dirigencia política argentina, avalada por una justicia acomodaticia, sería capaz de pasar por encima de toda la estructura del derecho en su afán de conseguir un objetivo político.

Con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia, se inició el ataque final contra todo lo que se había actuado y construido en la materia, con el apoyo de legisladores de diferentes corrientes ideológicas y partidos políticos, algunos de ellos con coincidencia plena y otros temerosos de que sostener una actitud conforme a derecho los ubicaría bajo la sospecha de ser cómplices o tolerantes de un gobierno militar. La anulación de leyes y de indultos en forma parcial, así como la incorporación de figuras jurídicas novedosas tales como los delitos de “lesa humanidad” se aplicaron en forma retroactiva violando sin pudor principios universales del derecho, con el aval de una nueva Corte Suprema de Justicia que reemplazó a la mayoría de los miembros de la Corte anterior que fueron sometidos a juicio político. Uno de esos miembros salientes me manifestó que la condición que le plantearon para evitar ese juicio era precisamente comprometerse a aceptar la anulación de las leyes citadas a lo que se había negado por razones de principios. Solo el tiempo y la historia podrán probar esa afirmación pero lo cierto es que la nueva Corte convalidó todas las aberraciones jurídicas que quedaron bajo su arbitrio cuando de juzgar a militares se trató.

Si existía alguna duda de que la justicia en Argentina fue inmolada en el altar de la política fue justamente el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, quien se encargó de disiparla al expresar en un libro de su autoría que “los juicios de lesa humanidad forman parte del contrato social de los argentinos y constituyen una decisión colectiva, un consenso que va más allá de cada dirigente, que no tiene dueño y que, como dijimos antes, nadie puede ya impedir”.

Esta expresión de voluntarismo de tono eminentemente político que no admite siquiera la posibilidad de la preeminencia del derecho, demuestra además una postura absolutamente comprometida y anticipada de quien preside el tribunal que, en última instancia, deberá juzgar las apelaciones y los cuestionamientos jurídicos que pudieren plantearse a esa supuesta “decisión colectiva” de los argentinos.

Expresado en los términos crudos de un político cínico, lo actuado se puede sintetizar en la idea de que los militares cometieron para su criterio crímenes tan graves que había que encontrar los recursos jurídicos para juzgarlos y condenarlos aunque para ello fuera necesario ignorar los obstáculos planteados por el derecho. Lo que muchos sectores que adscribieron a esta teoría comprobaron luego duramente fue que el gobierno una vez que comprobó que podía pasar por encima de los diques que la ley ponía a sus apetencias, continuó usando el recurso contra otros grupos arremetiendo contra empresas, medios de comunicación y opositores, llegando a tratar de imponer una reforma judicial que la Corte rechazó, ya en última instancia, cuando comprobó que también venían por ella. Estos hechos no quedarán impunes. Como no quedarán impunes los abusos con las millonarias indemnizaciones que primero llegaron a los familiares de los “desaparecidos”, para continuar luego con los exiliados y con los terroristas que cayeron atacando cuarteles en períodos democráticos hasta llegar al extremo de malversar los recursos del Estado pagando a familiares de terroristas ejecutados por terroristas en nombre de la “justicia revolucionaria”. Tanto abuso impune, tanto descaro para juzgar a militares mientras se ignoran jurídicamente los crímenes guerrilleros o se rechazan los reclamos de los familiares de víctimas del terrorismo serán juzgados por la historia y en muchos casos, por tribunales más ecuánimes y justos que los que actualmente siguen la corriente dominante, ignorando la justicia y el derecho.

El núcleo

Sin embargo y pese a la gravedad de lo expresado, el núcleo de mi alegato está apuntado a algo más inmediato y urgente, más grosero y aún más oprobioso, por lo que su tratamiento no admite dilación. Esto es la forma desembozada en que se violan los derechos humanos de los más de mil militares que se encuentran sometidos a juicios en causas vinculadas justamente a la violaciones de derechos humanos. Esta cuestión, no la expreso en forma de opinión o de apreciación subjetiva. Las agrupaciones constituidas por familiares de los detenidos y los abogados defensores, han expuesto reiteradamente con nombre y apellido los numerosos casos de ciudadanos con estado militar que cumplen prisión preventiva durante períodos que triplican lo que autoriza la ley. Peor aún es la sistemática negativa a conceder la prisión domiciliaria a detenidos con edades superiores a los setenta años que padecen enfermedades que requieren tratamientos que no pueden ser seguidos en los centros de detención en que viven en condiciones precarias. Esa falta de atención médica adecuada ha llegado al extremo de que se prohíba a los detenidos ser atendidos en institutos médicos dependientes de su obra social, como castigo por la fuga de dos imputados de un nosocomio militar. Como consecuencia de estos agravios y de los traslados en condiciones inadecuadas e insoportables para las patologías y las edades de los imputados, se ha producido ya un número de más de 200 decesos, algunos de ellos que reflejan una notoria e inaceptable falta de atención médica. Toda la información al respecto está disponible y debe ser urgentemente investigada pues estas violaciones a los derechos humanos se están produciendo en estos días y en esta sociedad en la que convivimos.

No es en este escrito en que citaré caso por caso (tengo la posibilidad de hacer llegar los datos específicos a quien los requiera) pero basta relatar cómo situación paradigmática el fallecimiento de Jorge Rafael Videla, que según información pública tenía al morir fracturas producidas en prisión que no habían recibido adecuado tratamiento. Justamente por ser el mayor imputado, su juzgamiento debería haber sido un ejemplo del respeto a los derechos humanos, las formas y los procedimientos, que diferencian a un Estado vengativo de un Estado justo. Pero si ni siquiera en este caso de segura repercusión se atendieron estas cuestiones menos aún se les da importancia en el cuidado de la situación de los cientos de detenidos de origen militar con condena o prisión preventiva.

Si las cuestiones enunciadas son intrínsecamente oprobiosas en el contexto de una sociedad que pretende vivir en estado de derecho, se alcanza el paroxismo cuando se trata el caso de los cientos de militares, de policías y miembros de las fuerzas de seguridad y aun de algunos civiles, que se encuentran imputados a pesar de que no tuvieron relación con los hechos vinculados a su acusación. La cuestión es que después de que fueron juzgados los miembros de las Juntas Militares y los altos mandos que condujeron las operaciones y establecieron los procedimientos en la lucha contra la subversión, el afán persecutorio se extendió sobre los oficiales de baja graduación y suboficiales, elaborando razonamientos y argumentos ajenos a las normas jurídicas pre existentes, que han llevado a los tribunales a los imputados tan solo por ocupar cargos propios de su profesión o por participar de operativos contra la guerrilla aun en tiempos de democracia. La falta de objetividad y el respeto del principio de inocencia se hacen evidentes y solo se traen a colación cuando se tratan casos de interés para el gobierno como sucedió con el actual Jefe de Estado Mayor del Ejército demostrando una inaceptable parcialidad.

Se han formulado acusaciones bien concretas contra la animadversión evidenciada por jueces y fiscales y la respuesta es que “al menos se les concede a los militares un juicio, cosa que ellos no ofrecieron a sus víctimas”. Según esta aberrante línea argumental se vuelve al concepto de que la gravedad de los crímenes de que se acusa a los militares (sin presunción de inocencia) es tal, que ni siquiera es exigible un juicio justo. Al llegar a este punto es necesario admitir que se hace imprescindible un replanteo inmediato de este proceso acusatorio que ha excedido los límites de la justicia para caer en las ciénagas morales de la venganza.

Es en beneficio de la salud moral de la república y la dignidad que merece nuestra sociedad, que ante la gravedad de los hechos que describo, avalado por las denuncias de familiares y abogados defensores que son sistemáticamente ignorados y desoídos, debería realizarse una inmediata investigación de la situación procesal de los más de mil detenidos en causas vinculadas a la violación de derechos humanos.

Dicha acción debería poner un tope a las “prisiones preventivas perpetuas”, remitir a prisión domiciliaria a los mayores de setenta años y a los aquejados de enfermedades que requieren tratamientos que no pueden cumplirse en prisión y liberar de la acción penal a todos aquellos oficiales y suboficiales que por su jerarquía carecían de toda capacidad de decisión y contra los cuales no hay acusaciones personales.

Esto responde a un elemental respeto a los derechos humanos que merece todo individuo y requiere una acción inmediata, sin perjuicio del análisis de las cuestiones de fondo respecto de las anomalías jurídicas de la figura de lesa humanidad, su aplicación retroactiva, la valoración del contexto en el cual se desarrollaron las acciones objeto de acusación y la asimetría en la consideración de guerrilleros y militares a la hora de penalizar conductas.

He expresado que escribo este alegato desde el punto de vista del dirigente político. No persigo por cierto con ello conseguir votos para la próxima elección, ya que soy consciente de lo políticamente incorrecto de mi posición en el actual contexto. Tampoco cuento con que lo que expreso sea del agrado de los detenidos o sus familiares. Mi objetivo es ofrecer a la sociedad argentina la oportunidad de modificar una situación que en el futuro llevará a avergonzarse cuando los hechos que relato cobren notoriedad y obliguen al remanido recurso de pretextar ignorancia. Hoy, en nuestro país, se están violando los derechos humanos de un numeroso grupo de detenidos y no hay excusa que justifique ese atropello.

Para asegurar que la información llegue a quienes tienen que conocerla y actuar en consecuencia espero poder hacer llegar este escrito a diversos protagonistas de la vida social:

A las autoridades de la Iglesia Católica Argentina para que hagan visible su proverbial vocación por la defensa de los derechos humanos.

A su santidad, el Papa Francisco, a quien no puede privarse de conocer esta oprobiosa situación que se está produciendo en su país de origen y que ya comenzó durante su episcopado.

A los Senadores y Diputados nacionales, a pesar de la animadversión que muchos de ellos puedan sentir por los militares que revistaban en actividad durante el período de gobierno militar, justamente para que demuestren que su respeto por los derechos humanos está por encima de la condición de quienes sufren su violación.

A las jueces de la Corte Suprema de Justicia, quienes ya recibieron información por parte de familiares de los detenidos pero que aún no han respondido ni actuado al respecto.

A los dirigentes de los partidos políticos, grandes y pequeños, que consideren que la universalidad de los derechos humanos no debe admitir parcialidad ni excepciones.

A los medios de comunicación, cuyos eficientes e inquietos equipos de investigación han ignorado hasta el presente estas situaciones que algunas veces aparecen tímidamente en alguna de sus editoriales.

A las organizaciones defensoras de los derechos humanos nacionales, para darles la oportunidad de demostrar que sus principios no tienen límites ideológicos y a las extranjeras, que celebran que en la Argentina se juzgue a los militares pero que callan ante las denuncias de vicios de procedimiento y violaciones de derechos.

A todos ellos les pido que no teman hacer oír su voz en defensa de una verdadera justicia y de los derechos humanos del más excluido de los sectores sociales, el militar argentino, porque ningún hombre o mujer de buena fe los acusará de complicidad ni de connivencia y podrán evidenciar, en cambio, la pureza de sus convicciones.

Liberemos a la sociedad argentina del oprobio de la injusticia, si queremos sinceramente dejar un legado cabal a las futuras generaciones.

Buenos Aires, 14 de febrero de 2014

 

Juan Carlos Neves

Presidente de Nueva Unión Ciudadana

 

 

El pueblo argentino debe conocer la verdadera historia que tiñó de sangre a nuestro país en la década del '70. Nuestros hijos merecen saber la verdad y para ello debe hacerse verdadera justicia...