Felipe VI abogó por una España unida y una monarquía “íntegra y transparente”, al asumir este jueves una corona desprestigiada por los escándalos y convertirse en rey de un país enfrentado al desafío nacionalista en Cataluña y el País Vasco.
Vestido con uniforme de gala militar y luciendo el fajín de capitán general de los ejércitos que poco antes le había traspasado su padre Juan Carlos I, el nuevo monarca, de 46 años, juró “guardar y hacer guardar la Constitución” que en 1978 devolvió la democracia a España.
En sus primeras palabras, pronunciadas junto a un cojín sobre el que reposaban la corona y el cetro, rindió homenaje a su padre, que abdicó a los 76 años, por su papel en la “reconciliación” del país tras la muerte del dictador Francisco Franco.
Saludó en español, gallego, catalán y euskera. Pero lo más esperado de un discurso pronunciado ante diputados y senadores reunidos en el Congreso, en ausencia de Juan Carlos -que quiso dejar el “protagonismo” a su hijo-, fue la visión del nuevo rey ante los grandes retos que le esperan.
Tenemos “fe en la unidad de España, de la que la Corona es símbolo”, afirmó, en referencia al desafío de Cataluña, región determinada a celebrar el 9 de noviembre un referéndum de independencia calificado de “ilegal” por Madrid.
Llamando a que “no se rompan nunca los puentes del entendimiento”, expresó su defensa de la “diversidad” del país y terminó su discurso dando las gracias en español, gallego, catalán y euskera, el idioma del País Vasco, donde el independentismo recobra también fuerza.
También “deseamos una España en la que todos los ciudadanos recuperen la confianza en sus instituciones”, afirmó, prometiendo una monarquía “íntegra y transparente” tras los escándalos que golpearon a la familia real y hundieron la popularidad de Juan Carlos.
A la ceremonia, a la que no fueron invitados jefes de Estado extranjeros ni representantes de otras familias reales, no asistieron la hermana menor del nuevo rey, la infanta Cristina, ni el esposo de ésta, Iñaki Urdangarin, ambos imputados en un caso de presunta corrupción.
"¡Felipe! ¡Felipe!". Acompañado por la reina Letizia, muy elegante en un sobrio vestido blanco ornado de pedrería, y por sus hijas, Leonor, la nueva heredera al trono, de 8 años, y Sofía, de 7 años, Felipe VI había entrado al Congreso por la Puerta de los Leones, abierta en muy raras ocasiones, cubierta por un dosel rojo y oro con el escudo de la España constitucional.
Tras las niñas, vestidas de rosa y verde y algo desconcertadas por tanta atención, seguía el jefe del gobierno, el conservador Mariano Rajoy, con traje de chaqué.
“¡Felipe! ¡Felipe!”, gritaban las miles de personas reunidas para ver llegar a la pareja real a bordo de un Rolls-Royce cubierto con fuerte escolta policial.
Recibido con honores militares, el nuevo rey, que a su llegada pasó revista a la tropa, presidió tras la jura un desfile militar frente al Congreso antes de recorrer con Letizia, esta vez en un automóvil descapotable y acompañado de guardias sobre caballos blancos, el centro de Madrid engalanado con flores blancas y banderas españolas.
Helicópteros sobrevolaban la ciudad desde primera hora de la mañana y alrededor de 7.000 policías garantizaban la seguridad. Pequeñas manifestaciones prorrepublicanas fueron convocadas en señal de protesta, pero las autoridades las prohibieron.
Con uniforme, pero sin cruces. La ceremonia fue estrictamente laica, en un gesto que prácticamente todos los ámbitos de la sociedad española aceptaron como prueba de modernización de una institución identificada durante siglos con la fe católica.
“Es una ruptura muy inteligente con una tradición larguísima”, afirma el analista y ex director del diario conservador ABC José Antonio Zarzalejos. “Es un mensaje de que la corona es neutral”, en una sociedad “aconfesional y multirreligiosa”, agrega.
El nuevo monarca sube al trono en un marco de fuerte desprestigio de los partidos políticos tradicionales, desafiados por la irrupción de fuerzas alternativas en las últimas elecciones europeas.
Y de recelo general ante el conjunto de las instituciones en un país que apenas vislumbra la salida a una crisis económica que dejó a un cuarto de la población sin trabajo, al tiempo que ve multiplicarse los casos de corrupción, incluso en la familia del rey.
Tras firmar su abdicación el miércoles, el rey Juan Carlos perdió su inviolabilidad como jefe de Estado, un precepto constitucional que impedía juzgarlo y que había sido invocado en octubre de 2012 por la justicia española para rechazar dos demandas de paternidad presentadas contra él.
El gobierno de Rajoy trabaja a marchas forzadas para encontrar una solución que prolongue ahora la protección de Juan Carlos.
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