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¿Quién se queda con la casa al separarse los convivientes?
En un conflicto por la división de bienes en una unión convivencial, la Justicia de Mendoza declaró que 

no se presume la existencia de una sociedad de hecho entre los convivientes y que si no se puede 

probar, la solución es reconocerle “su calidad de partícipe de una comunidad de bienes e intereses”. 

No obstante, se probó que en el caso ambas partes aportaron para comprar la casa y se dividió por la 

mitad.

En un conflicto por la división de bienes en el marco de una unión convivencial, la Justicia de Mendoza 

declaró que no se presume la existencia de una sociedad de hecho entre los convivientes y que si no se 

puede probar, la solución es reconocer al conviviente “su calidad de partícipe de una comunidad de 

bienes e intereses”. No obstante, se probó que en el caso ambas partes aportaron para comprar la casa 

y realizó la división por la mitad
El Código Civil y Comercial vino a zanjar una disputa histórica en lo que hace a la división de los bienes 

cuando se trata de concubinatos o, en términos jurídicos, “uniones convivenciales”.- en un caso tramitado 

ante la Justicia de Mendoza y en el que se discutía a qué miembro de la pareja correspondía un terreno 

edificado, la Justicia dio precisiones de cómo se deben resolver estas cuestiones.
Actualmente rige el principio general del artículo 528 del Código Civil y Comercial por el cual se entiende 

que, en las uniones convivenciales, los bienes deben permanecer en el patrimonio al que ingresaron
La causa se caratuló “M.R. c/ M.M.C. p/ Disolución y Liquidación de Sociedad de Hecho”, donde pese a 

sostenerse esa tesis, por las pruebas rendidas en autos, la Cámara de Familia de Mendoza  determinó que 

el inmueble en cuestión debía escriturarse en un 50% para cada uno de los litigantes y que luego de ello 

debía realizarse la división de condominio, revocando así el fallo de Primera Instancia.
El actor buscaba que se declare que el inmueble en el que vivía la pareja le pertenecía en un 100%, argumentando que había adquirido el lote antes de unirse en pareja con la demandada y que la relación 

funcionó como una sociedad de hecho. Por el contrario, la demandada aseguró que ella ayudó a adquirir 

el terreno donde se edificó después de iniciada la relación y que, jurídicamente hablando, lo que había 

realmente existe era “una comunidad de derechos e intereses, debiendo dividirse los bienes en proporción 

a los aportes de cada uno y en caso de duda, por no poder demostrarse con exactitud los mismos, deben dividirse por mitades”.
La jueza de Primera Instancia, teniendo como acreditado el reconocimiento de un derecho exclusivo sobre 

el lote sobre el actor, aun cuando el Instituto de la Vivienda les hubiera adjudicado la vivienda a ambos, por 

lo que adoptó como solución la de reconocerle un 100% del lote a nombre del actor, sin perjuicio de 

reconocerle a la demandada un derecho personal a que su ex pareja le reembolse del 50% del valor de las 

cuotas hasta la fecha en que cesó la convivencia.
La Alzada, integrada por los camaristas Estela Inés Politino, Germán Ferrer y Carla Zanichelli, convalidó la 

visión sobre la sociedad de hecho que efectuó la jueza a quo, en tanto “no ha quedado probado la existencia 

de una sociedad de hecho entre las partes con los caracteres tipificantes de la misma: aportes concretos de 

cada conviviente, participación en las pérdidas y ganancias y affectio societatis, traducido este último 

elemento como el propósito de lucro dentro de una comunidad de intereses”. Pero opinó radicalmente lo contrario en orden al derecho exclusivo del actor sobre la propiedad.
La Cámara aclaró, en relación a la sociedad de hecho, que a diferencia de lo que acontece con la sociedad irregular, “en el caso de la cotitularidad, basta con la prueba de los aportes”. Por ende, al recopilar los 

elementos del caso llegó a la conclusión de que no había ningún elemento para tener al actor como 

propietario único de la vivienda.
“De allí que también cabe interpretar que podría haber existido un pacto tácito entre los convivientes 

(arg. art. 528 del CCyC) para que el inmueble se adjudicara a ambos y, por tanto, que se inscribiera 

registralmente en condominio, ya que consintieron que el I.P.V. les adjudicara a los dos la vivienda”, 

razonó la Cámara.